CECE-Madrid ante la publicación del decreto que prohíbe el uso de dispositivos digitales en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

-- Valoramos que la nueva norma incorpore un periodo transitorio, pero lamentamos que no se reconozca la autonomía de los centros concertados ni se prevean recursos ni medidas fuera del entorno escolar. Estudiaremos la posibilidad de recurrir la norma y reclamamos una regulación más realista y coherente con la digitalización educativa.--

Madrid, [24/07/2025] – Queremos manifestar nuestra posición ante la aprobación del Decreto 64/2025, de 23 de julio, por el que se regula y limita el uso de dispositivos digitales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

Valoramos positivamente que se haya incorporado un periodo transitorio de dos cursos escolares, una propuesta planteada por CECE-Madrid y que busca garantizar una adaptación realista y ordenada de los proyectos digitales ya implantados en los centros concertados.

Sin embargo, lamentamos que una norma de esta magnitud, con implicaciones organizativas, pedagógicas y económicas tan relevantes, haya sido aprobada a tan solo unas semanas del inicio del curso escolar y en pleno periodo vacacional, dificultando la planificación de los equipos directivos y el ejercicio responsable de la autonomía escolar.

CECE-Madrid defiende firmemente la autonomía pedagógica y organizativa de todos los centros educativos, reconocida en las leyes educativas vigentes, y no entendemos por qué no se ha aplicado a los centros concertados el mismo criterio que se ha otorgado a los centros privados, a los que sí se reconoce expresamente su capacidad de autorregulación.

Asimismo, echamos en falta una previsión clara de recursos materiales, humanos y formativos que acompañen la implantación de esta norma, así como una mayor corresponsabilidad por parte de las familias y medidas más contundentes fuera del entorno escolar, que es donde actualmente se produce la mayor exposición y riesgo en el uso abusivo de dispositivos digitales.

Desde el respeto institucional, anunciamos que estudiaremos la posibilidad de interponer un recurso, en defensa de la seguridad jurídica de los centros, de su autonomía y del principio de libertad de enseñanza.

A pesar de las dificultades, confiamos en que esta norma pueda evolucionar con el tiempo, adaptándose a la realidad de la sociedad digital en la que vivimos, y que pueda articular medidas equilibradas y eficaces que protejan el bienestar del alumnado sin menoscabar el proyecto educativo de cada centro.

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